Las conclusiones fundamentales que emitiera el documento de Aznar dejaba claro que se consideraba autorizado a representar a todos los vascos socialistas de Euskadi sin perjuicio de seguir perteneciendo al Partido Socialista Obrero Español a los efectos del orden general que debía observarse para cuidar los intereses del conjunto de la península y ajustándose a las aspiraciones políticas y programa social que en la declaración de principios manifestara el socialismo internacional. En otro orden de cuestiones, a pesar que condenaba enérgicamente el totalitarismo criminal de Franco, haciéndolo extensivo a todo el fascismo europeo, cuando el documento fuera entregado el 02 de marzo de 1940 al presidente Agirre, la posición de sus máximos dirigentes. Gómez Beltrán y Gimenez, difería bastante del contenido de dicho documento.

Quedaba claro que el PSOV no quería quedar al margen del nuevo gobierno vasco, pero tampoco pensaba alejarse de los lineamientos generales del PSOE, poniendo en peligro la alianza política final si no fueran aceptados como tales bajo la denominación conjunta. En definitiva, los altos cuerpos políticos socialistas vascos manifestaron que no podían pronunciarse sobre el tema de la NACIONALIDAD u OBEDIENCIA VASCA sin el debido respaldo de las asambleas de los militantes del interior de Euskadi. De hecho, puso doce condiciones para prestar su colaboración al Gobierno vasco con la intención de conseguir un mayor protagonismo socialista en la gestión futura del mismo gobierno. Entre ellas, figuraba la restitución de la Conserjería de Trabajo (ocupada por Juan de los Toyos), organismo de vital importancia en materia de empleo para los refugiados, mayor intervención en la cartera de Hacienda y mayor participación en los organismo de emigración, especialmente a la República Argentina.

Como podemos observar, el tono del documento era rotundo, al menos desde las intenciones. El 27 de marzo de 1940, Paulino Gómez Beltrán solicitaría una entrevista con el Ministro de hacienda de Negrín, donde expuso que:
"Queríamos mantener una reunión con usted porque los vascos estamos ante un pleito de indudable envergadura, suscitado en el gobierno de don José Agirre, Gobierno Autónomo con el que los socialistas mantenemos serias diferencias, principalmente en materia de Hacienda. Es nuestro interés saber, si usted lo permitiera, cuáles han sido las políticas generales instrumentadas (claramente hablaba de un divorcio entre vascos) hasta la fecha, mientras que nosotros bien podríamos aportarle valiosa información que obra en nuestro poder. Por lo demás, no tenga usted dudas que nuestro mayor esfuerzo seguirá estando en defender la República española".

La intención de los socialistas era evidente: de ninguna manera estaban dispuestos a quedar fuera de la ayuda económica que el mismo Gobierno vasco debiera darles, aunque no estaban dispuestos a sumarse al nacionalismo vasco a como diera lugar. De todos modos, la figura de Indalecio Prieto haría estériles todos los intentos socialistas y para principios de mayo del mismo año ya se plegaban a las pretensiones nacionalistas de Agirre. El 08 de mayo, precisamente, era aprobado el nuevo programa del Gobierno vasco (ese día, Agirre partía hacia Bélgica, al parecer para visitar a su madre enferma). Dicho programa constaba de tres partes:
1- DOCTRINAL
2- ORGÁNICA
3- DE OCTUACIÓN

En lo referido a las cuestiones doctrinales, se proclamaba y aceptaba la personalidad nacional vasca, haciendo derivar el reconocimiento a lo ya sostenido en un artículo del programa del año 1936. Quedaba definitivamente expreso que el Gobierno de Euskadi y su legitimidad nacían de la propia soberanía vasca sin imposición externa de ninguna naturaleza.

En la parte orgánica, además del presidente como depositario de la soberanía vasca y jefe del poder ejecutivo, se regulaba el funcionamiento del CONSEJO NACIONAL VASCO, llamado a ejercer las funciones del Parlamento vasco hasta tanto se regularizara la vida democrática de Euskadi. Su composición sería automática y estaba formado por el presidente, los diputados a las Cortes ex diputados y los cuatro alcaldes elegidos democráticamente pertenecientes a las provincias vascas del Hegoalde, junto a dos representantes de la Cultura y otros cuatro de libre designación del presidente Agirre.

En cuanto a la ACTUACIÓN PRÁCTICA, establecía que el Gobierno de Euskadi podría acordar con las instituciones españolas un régimen político peninsular siempre que se aceptaran determinados postulados que analizaremos en la nota siguiente...